Para mas información pueden consultar:

http://desafiandofronteras.wordpress.com/

Invitan al taller
"El Derecho de Acceso a la Información Pública en el Distrito Federal: Una herramienta ciudadana para tod@s"

El objetivo del taller es promover la cultura de la transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública, como herramientas que fortalecen los derechos humanos y sociales de todos los habitantes del Distrito Federal, sin importar su nacionalidad.

13 de marzo, de 9:00 a 15:00 horas
Salón Digna Ochoa – Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
Av. Universidad 1449, Col. Florida. Metro Viveros

Dirigido a:
Migrantes y refugiados que estén en tránsito o residan en el Distrito Federal

Cupo limitado
Informes e inscripciones:
silvia.hernandez@infodf.org.mx
Tel: 5636 2120, ext. 231 o al 5514 10 72
www.iniciativaciudadana.org.mx

Programa del evento AQUÍ

Nuestras voces convergen en los siguientes principios:
1. Sabemos que la conectividad internacional es una realidad que los migrantes han contribuido a crear, es el espacio donde todos residimos. Comprendemos que la calidad de vida de una persona en un país guarda estrecha relación con el trabajo que hace el migrante. Somos parte del instrumento de cambio.
2. Todos estamos relacionados con más de un país. El fenómeno multilateral de la migración no puede resolverse de modo unilateral, puesto que generaría una realidad vulnerable para el migrante. La implementación de los derechos universales es esencial; el derecho a ser incluido pertenece a todos.

3. Tenemos el derecho a movernos y el derecho a que no se nos obligue a movernos. Exigimos los mismos privilegios dados a las corporaciones y las élites internacionales, que tienen el derecho a viajar y a establecerse donde lo deseen. Todos merecemos oportunidades y la posibilidad de progresar. Todos tenemos el derecho a una vida mejor.
4. Creemos que la única ley que merece nuestro respeto es una ley sin prejuicios, que protege a todos y a cada uno en todas partes, sin exclusiones, sin excepciones. Condenamos la criminalización de la vida del migrante.
5. Afirmamos que ser migrante no significa pertenecer a una clase social específica, ni tener una situación legal determinada. Ser migrante significa ser un explorador, significa movimiento. Es la condición que compartimos. La solidaridad es nuestra riqueza.
6. Reconocemos que las personas individuales con derechos inalienables son el verdadero barómetro de la civilización. Nos identificamos con las victorias ganadas en la abolición de la esclavitud, los movimientos de derechos civiles, el progreso de los derechos de las mujeres y los crecientes logros de la comunidad LGBTQ.
Es nuestra responsabilidad y nuestro deber histórico hacer de los derechos del migrante el próximo triunfo en la búsqueda de dignidad humana. Es inevitable que el maltrato que damos hoy a los migrantes mañana sea nuestra deshonra.
7. Afirmamos el valor de la experiencia humana y de la capacidad intelectual que el migrante trae consigo tanto como el trabajo físico que provee. Instamos al respeto al conocimiento cultural, social, técnico y político que los migrantes poseen.
8. Estamos convencidos de que la funcionalidad de las fronteras internacionales debe ser reexaminada en servicio de la humanidad.
9. Entendemos la necesidad de revivir el concepto de la propiedad común, de la tierra como un espacio al que todos tienen derecho de acceso y disfrute.
10. Somos testigos de cómo el temor genera barreras, de cómo estas barreras generan odio y de cómo el odio sólo sirve a los opresores. Comprendemos que migrantes y no migrantes están interconectados; cuando se niegan los derechos a los migrantes, los derechos de los ciudadanos están en riesgo.
La dignidad no tiene nacionalidad.
Movimiento Inmigrante Internacional
Noviembre de 2011

El documento en PDF pueden descargarlo desde AQUI

Un día con Dr. West trajo en Arizona, dando testimonio de la lucha local por los derechos humanos.

Pueden ver un avance en: http://altoarizona.com/#west

Son los resultados de la tercera Encuesta Nacional sobre Migración 2011, realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, que revela la percepción negativa que existe en México sobre el fenómeno migratorio, una tendencia que ha crecido desde 2007, cuando se hizo la primera encuesta.

Responsables de albergues en el país y activistas reconocen en entrevista que la xenofobia está en aumento. Hay zonas como Tenosique, Tabasco; Ixtepec, Oaxaca, y Tultitlán, Estado de México, donde algunos pobladores han manifestado su abierto rechazo hacia los migrantes que son víctimas de agresiones y hay amenazas contra quienes los ayudan; "ya ni siquiera se puede pedir un plato de frijoles como apoyo; si es para un indocumentado te lo niegan", revelan.

Alejandro Solalinde Guerra, del albergue Hermanos en el Camino de Ixtepec; fray Tomás González Castillo, director del Hogar Refugio para Personas Migrantes "La 72", de Tenosique; Rubén Figueroa, uno de los dirigentes del Movimiento Migrante Mesoamericano, y Elvira Arellano, de Familia Latina Unida, coinciden en la necesidad de que los gobiernos federal y locales instrumenten una campaña de sensibilización para revertir esta tendencia.

La xenofobia, señalan, es hoy uno más de los riesgos que este sector debe enfrentar en una larga lista de violaciones a sus derechos humanos, entre los que están robos, abusos de autoridad, asaltos sexuales, extorsiones y secuestros, que son signos de su alta vulnerabilidad.

Aunque el flujo de indocumentados de Centro y Sudamérica ha descendido. El Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración (INM), que cita la Encuesta, indica que durante el periodo 1995-2000 se calculó que un millón 336 mil personas cruzaron el territorio mexicano en su paso hacia Estados Unidos, mientras que entre 2006-2010 la cifra estimada fue de 990 mil.

Alrededor de 95% son nacionales de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. En contraste con la baja en el número de los indocumentados que ingresan a México, la percepción negativa sobre su presencia está en aumento.

En la Encuesta Nacional del CESOP que estuvo lista en diciembre de 2011 se preguntó "si la llegada de inmigrantes ilegales de Centro y Sudamérica era o no un problema grave": siete de cada 10 mexicanos respondieron afirmativamente.

Para este sondeo las entidades en las que se hizo el levantamiento se clasificaron en tres categorías: estados expulsores de mexicanos hacia Estados Unidos; los que son expulsores y de riesgo para los migrantes en tránsito, y aquellos que no tienen una tradición de salida de sus pobladores hacia la Unión Americana, siendo estos últimos en los que el porcentaje de percepción negativa del fenómeno migratorio se acentúa, donde 76% de habitantes consideraron como grave el problema.

Se revela que es generalizada la idea de que los indocumentados son personas indeseables.

Cuando a los entrevistados se les preguntó si están o no de acuerdo con la frase: "La llegada de inmigrantes ilegales de Centro y Sudamérica es un problema grave porque está llegando gente poco deseable al país", 64% de ellos dijeron estar de acuerdo con la afirmación, y la variación fue sólo de un punto porcentual en las respuestas que dieron en cada segmento en que se dividieron los estados.

El documento detalla que "los mexicanos perciben que la inmigración ilegal de centro y sudamericanos" incrementa las condiciones de inseguridad en México.

A la pregunta de si estaban de acuerdo con la frase: "La inmigración ilegal de Centro y Sudamérica aumenta los problemas de inseguridad", 77% de los entrevistados coincidieron con la afirmación. "Esta percepción se incrementó en los últimos cuatro años, pues en la medición de 2007 el porcentaje era de 62%".

La tercera Encuesta Nacional revela que "la mayoría opina que proporcionar a los migrantes servicios de salud y educación tiene un costo que perjudica a los mexicanos".

De los entrevistados, 67% afirmaron estar de acuerdo en que "darle servicios de salud y educación a los inmigrantes ilegales de Centro y Sudamérica cuesta mucho dinero a los mexicanos"; en los estados no expulsores llegó a 71%, percepción negativa que también ha ido en aumento, pues en 2007 la cifra era de 61%.

Destaca que 10% de los encuestados opinan que los indocumentados centroamericanos no deben tener derechos laborales. "Esta percepción se agrava entre los consultados que habitan en entidades clasificadas como expulsoras de mexicanos, pues la cifra se eleva a 17%".

Otros indicadores revelan que 45% de los entrevistados percibe que los migrantes indocumentados centroamericanos son explotados laboralmente en México; seis de cada 10 mexicanos piensa que son discriminados en el país, aunque 56% considera que los derechos de los migrantes son más respetados en México que en Estados Unidos.

RECHAZO QUE LLEGA A LA XENOFOBIA

Alejandro Solalinde señala que a diario es posible ver expresiones de esta visión negativa de los mexicanos hacia los migrantes. Lo grave es que "también es un problema institucional, no sólo del ciudadano común, es lo que explica la falta de políticas de gobierno para atenderlos, las cotidianas violaciones a derechos humanos que sufren y la impunidad ante cada delito en su contra".

Ante los resultados de la encuesta del CESOP, advierte que en los hechos no se trata de un simple rechazo. "En el país hay xenofobia, hay quienes creen que los migrantes son un riesgo a la seguridad, que son delincuentes o que vienen a quitarles a los mexicanos oportunidades, y esto se vuelve un maltrato constante".

El sacerdote indicó que esta xenofobia es evidente ante las amenazas que han recibido él y sus colaboradores por albergar migrantes, a quienes se les niega cualquier posibilidad de trabajar. En Ixtepec "hay gente que se niega a brindarles ayuda, pues hay encono", afirma.

Fray Tomás González indicó que en Tenosique estas historias se repiten. "Puedo pedir un plato de frijoles o lentejas, y me preguntan para quién y si les digo que para el albergue, que es para migrantes, me lo niegan, dicen que para ellos nada, condicionan la caridad". Lo peor, indicó, es que el rechazo para este sector llega a la agresión, los insultos, solo por el hecho de se trata de un ilegal; "casos hay todos los días", dice.

Una de las zonas que preocupa a los activistas, indicaron Elvira Arellano y Rubén Figueroa, es Tultitlán, Estado de México, donde se ubica la casa del migrante San Juan Diego, donde los vecinos han amenazado con actuar por su cuenta si no quitan el lugar, pues es sinónimo de inseguridad.

Apuntaron además que a diario hay casos de xenofobia y discriminación contra los indocumentados que llegan al área.

XENOFOBIA, UNA PROBLEMÁTICA REAL EN EL PAÍS 70

POR CIENTO

De los mexicanos tiene mala opinión de los inmigrantes. 64

POR CIENTO

Cree que viene gente ‘poco deseable’ al país. 76

POR CIENTO

Considera como grave el problema de migración.

Original obtenido de: http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/708088.crece-rechazo-a-inmigrantes.html

Las leyes estatales contra indocumentados y el endurecimiento de medidas del gobierno de Barack Obama son algunas de las causas

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de febrero.- La creciente ola antiinmigrante en algunos estados de la Unión Americana y el endurecimiento de las medidas del gobierno federal contra trabajadores indocumentados han povocado que la población carcelaria de origen mexicano vaya en aumento en los últimos años, pues mientras en 2005 sumaban 17 por ciento del total de los reclusos en penitenciarias federales, con 31 mil 877, para diciembre de 2011 la cifra se ubicaba en 40 mil 216 connacionales, es decir 18.6 por ciento del total, de acuerdo con datos del Buro Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) y especialistas.

Según Jorge Bustamante Fernández, investigador de la Universidad de Notre Dame y de El Colegio de la Frontera Norte, el aumento en encarcelamientos tiene que ver con tendencias antiinmigrantes en algunas entidades de EU, impulsadas en el plano legislativo principalmente por grupos radicales del Partido Republicano.

El aumento en el número de mexicanos en cárceles federales es consecuencia de un mayor control fronterizo de Estados Unidos con México en la dministración del presidente Barack Obama y en el caso de migración ha habido acuerdos de la policía federal de EU, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, (por sus siglas en inglés), precisamente para detener migrantes indocumentados”, dijo José María Ramos, director del Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte.

Pese a que Obama se ha mostrado abiertamente en contra de las leyes anitiinmigrantes como la de Arizona, en los hechos el ICE realizó en el año fiscal 2011 unas dos mil 496 auditorías de plantillas laborales, frente a dos mil 196 el año anterior y 503 en el año fiscal 2008.

En 2009, unos 52 mil 928 extranjeros fueron detenidos en prisiones federales estadunidenses, de los cuales 68 por ciento, es decir 36 mil, eran mexicanos. Además, otros 203 mil connacionales fueron encarcelados en prisiones estatales y locales ese mismo año. ¿Las principales causas del encarcelamiento? Faltas migratorias, violación a reglamentos viales y delitos contra la salud, que en su conjunto suman 50 por ciento del total de las capturas, según la Oficina Gubernamental de Rendición de Cuentas (GAO, por sus siglas en inglés).

Según su informe Estadísticas Criminales de Extranjeros, en 2010 fueron encarcelados en prisiones federales de Estados Unidos 54 mil 718, de ellos, 68.7 por ciento, es decir 37 mil 208, eran mexicanos.

La GAO aseveró que la cifra de extranjeros encarcelados en prisiones estatales y locales aumentó 35 por ciento de 2003 a 2010.

Aunque estar en territorio estadunidense sin documentos es una falta administrativa, al cometer varias de estas “faltas” se convierte en un asunto penal. Pero, ¿quién decide después de cuántas faltas migratorias es ya un asunto penal?

“Eso queda a discreción de la autoridad estadunidense que lleva acabo el arresto: la Patrulla Fronteriza, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) , o incluso la ICE.”

Así lo explicó Alfonso Navarro Bernachi, director general adjunto de Políticas de Protección a Mexicanos en el Exterior, de la Dirección de Mexicanos en el Exterior, de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Un mexicano puede llevar años de vivir en la Unión Americana, y si comete más de una “falta migratoria” puede terminar en una cárcel federal.

Y eso no ocurre sólo durante redadas de ICE en empresas, o domicilios, sino que puede ocurrir al pasarse un alto o incluso cruzar una calle en forma incorrecta: “Si una persona es detenida por cometer una infracción de tránsito, lo primero que hacen los policías es pedirles sus documentos y allí detienen a los mexicanos que no tienen los papeles que acrediten su estancia legal en Estados Unidos”, dijo Bustamante.

La cuestión se complica porque hay muchas reglas viales en la Unión Americana que en México no existen y con las que los connacionales no están familiarizados: una es atravesar una avenida desde la mitad de la calle, en lugar de las zonas previstas.

Población connacional

En la Unión Americana viven alrededor de 12 millones de mexicanos y de acuerdo con la GAO, en 2009 más de 239 mil fueron encarcelados (en prisiones federales, estatales y locales) y en 2008 casi 235 mil.

Según Human Rights Watch, a junio de 2009, Estados Unidos tenía la población carcelaria más numerosa con dos millones 297 mil 400 reclusos, lo que supone el encarcelamiento per cápita más alto del mundo, con 748 reclusos por cada 100 mil habitantes.

Gran parte de los encarcelamientos, de acuerdo con Human Rights Watch, corresponde a miembros de minorías raciales o étnicas: uno de cada diez hombres negros de 25 a 29 años estaban en la prisión en 2009; en el caso de los hombres hispanos, la cifra era de uno por cada 25; y uno por cada 64 en el caso de los blancos.

De acuerdo con Navarro Bernachi, de enero de 2006 a diciembre de 2011, el Sistema Integral de Protección Consular de México otorgó asistencia en 727 mil 226 casos en Estados Unidos, de los que 14.7 por ciento, es decir 106 mil 902, fueron casos penales.

Entidades antiinmigrantes

En los últimos dos años se ha dado un contexto particularmente complejo en estados como Arizona, Alabama, Georgia e Indiana. En el caso de Arizona, con la aprobación de la ley SB1070.

De acuerdo con Bustamante, incluso “antes de la aprobación de la ley SB1070 ya venía ocurriendo el incremento de la proporción de latinos en las cárceles, sobre todo de Arizona; es un patrón que se inició mucho antes y que continúa”, manifestó.

Según Bustamante, la nueva ley en Arizona trajo mayor duración de las sentencias de cárcel que se pueden aplicar a quien no tiene documentos migratorios.

“Si a una persona la meten a la cárcel en Arizona, la penalidad que motiva el encarcelamiento puede ser doble: la primera es que entró sin documentos a Estados Unidos, lo cual conforme a la SB1070 es un crimen mayor, y la otra es algo que un fiscal de Arizona inventó y es el delito de autocontrabandeo, explicó.

Se trata de “una aberración jurídica”, dijo, pues no se puede acusar a una persona de autocontrabandeo. Si a un mexicano lo sentencian por no tener documentos puede estar en la cárcel de cinco a diez años y si lo sentencian por autocontrabandeo, la sentencia puede estar entre los 20 y 25 años en ese estado de la Unión Americana, explicó.

Sin embargo, Navarro Bernachi destacó que hasta el momento la dirección general de Protección a Mexicanos en el Exterior no tiene noticia de que se haya aplicado una sanción de esa magnitud a ciudadanos mexicanos, pues en la mayoría de los casos se declaran culpables y pagan sentencias de entre tres meses y un año.

Lo grave de esas sentencias es que generan un antecedente penal para el mexicano, al que se le impide volver a entrar en Estados Unidos en un promedio de cinco a diez años.

Traslados de reos al país van a paso lento

De los miles de mexicanos encarcelados en la Unión Americana, sólo unos cuantos son transferidos a México cada año para pagar sus condenas en cárceles mexicanas, con base en un tratado bilateral de 1977, pues aunque muchos quisieran ser transferidos, el proceso puede durar de dos a tres años y se requiere pagar un abogado durante ese tiempo.

Consultado por este diario, el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, del departamento de Justicia, explicó que en 2010, 151 prisioneros mexicanos fueron transferidos a nuestro país, con en base al Tratado México-Estados Unidos de Transferencia de Criminales de 1977.

En 2009 fueron 78 los presos mexicanos transferidos y en 2008 fueron 80. El tratado bilateral establece que la transferencia es voluntaria y debe ser aprobada tanto por el país que emitió la sentencia como por el que recibirá al preso.

Se trata de un proceso largo y la persona en cuestión debe presentarse frente a un juez magistrado o juez de distrito de la Unión Americana para una audiencia en la que se verifica que el interno voluntariamente quiere ser transferido a una cárcel en México, entre otras audicencias.

“Es un proceso burocratizado y difícil de seguir”, dijo Jorge Bustamante, profesor de la Universidad de Notre Dame y de El Colegio de la Frontera Norte.

Explicó además que es caro pues es necesario pagar los honorarios de un abogado por años.

Expatriados, en la mira

En los últimos años, entidades de la Unión Americana han promulgado leyes contra indocumentados, donde el común denominador es la criminalización de éstos.

- Arizona. La ley SB1070 de Arizona fue aprobada el 23 de abril de 2010 e implica la acción más amplia y estricta contra la inmigración ilegal, ya que criminaliza a los inmigrantes sin documentos y considera sospechosos de crímenes a todos los que por su aspecto puedan parecer inmigrantes. El 28 de julio de 2010, 24 horas antes de su entrada en vigor, una juez ordenó la suspensión de las cláusulas más polémicas de la norma.

- Alabama. El 29 de septiembre de 2011 entró en vigor la ley HB56,  que criminaliza a los que no tengan papeles y da autoridad a las escuelas a que verifiquen el estatus migratorio de sus alumnos. El 14 de octubre la Corte de Apelaciones del 11º Circuito suspendió temporalmente algunas partes.

- Georgia. El 15 de abril de 2011 se aprobó la norma HB87, que convierte en delito estatal el ser indocumentado y autoriza a los policías cuestionar a cualquiera sobre su estatus migratorio si existe “causa probable”. El 27 de junio de 2011, un juez federal emitió una medida cautelar contra la norma.

- Indiana. La ley SB590 fue promulgada el 10 de mayo de 2011, la cual penaliza la migración y abre espacios para la aplicación selectiva de la ley. Al igual que con otras leyes, el 25 junio de 2011 una juez federal la bloqueó.

- Carolina del Sur. La gobernadora Nikki Haley firmó el 27 junio de 2011 la ley antiinmigrante SB20, que criminaliza a los indocumentados. El 23 de diciembre, el juez federal de distrito de Charleston bloqueó las partes más controvertidas.

- Utah. El 15 de marzo de 2011, promulgó un paquete de leyes sobre inmigración. La ley que crearía un programa de trabajadores temporales no ha entrado en vigor, ya que fue  suspendida temporalmente.

Algunas entidades que han puesto a debate leyes contra inmigrantes

- Carolina del Norte. El 25 de enero de este año, un comité legislativo de Carolina del Norte denominado Análisis del Rol del Estado en las Políticas de Inmigración, volvió a reunirse para analizar nuevas medidas contra migrantes.

- Montana. A inicios de 2011 debatía leyes para prohibir el alquiler de propiedades  a indocumentados y criminaliza
la estadía sin papeles, que a nivel federal sigue siendo una falta de carácter civil no penal.

- Virginia. Legisladores republicanos impulsaban en 2011 varios proyectos de ley para combatir los intentos de los inmigrantes indocumentados de trabajar, estudiar o usar los servicios sociales, así como los que cometen delitos.

- Texas. Debatía el año pasado varios proyectos contra la inmigración de indocumentados. Por ejemplo, la policía texana podría tener mayores facultades para pedirle a las personas que se detengan para verificar su estatus de ciudadanía, sin que hasta el momento se haya aprobado una legislación en concreto.

- Florida. En noviembre pasado, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Florida proponía exigir que las compañías utilicen el programa federal E-verify para confirmar el estatus legal de sus empleados antes de 2013, y de no hacerlo perderían sus licencias para operar. La propuesta también consideraba un delito menor ser inmigrante indocumentado en Florida y requiere a la policía la verificación del estatus migratorio de toda persona sólo si es arrestada por un crimen.

-  Iowa. El año pasado fue aprobada en comisiones del Congreso local el proyecto de ley que obligaba a las agencias federales y locales de Iowa a investigar denuncias sobre empresas que contraten a inmigrantes indocumentados.

-  Pensilvania. El republicano Daryl Metcalfe presentó en 2010 una propuesta de legislación que permitiría a la policía arrestar a gente que tenga apariencia de ser inmigrante sin papeles.

-  Idaho. Desde 2007, el Senado de dicha entidad analizaba una iniciativa para evitar que indocumentados recibieran la mayoría de los servicios sociales.

-  Michigan. La ley  HB4305 permitiría que los agentes policiales arresten a personas simplemente por ser aparentemente indocumentados.

-  Nebraska. El republicano Charlie Janssen presentó un proyecto de ley que “protegería a los contribuyentes de tener que pagar por la educación, beneficencia y gastos médicos de los indocumentados”.

-  Oklahoma. Un proyecto de ley autoriza a los agentes de policía, entrenados por el gobierno federal, para interrogar a la gente sobre su estatus migratorio. Permite la incautación de los vehículos utilizados en el contrabando de personas y convierte en delito buscar empleo, por parte de ilegales.

-  Colorado. La ley HB1107 exigía más colaboración contra ilegales y proponía que la policía realizara “intentos razonables” para determinar la situación migratoria de sospechosos.

El Departamento de Seguridad Interna (DHS) de Estados Unidos alertó hoy que el déficit de trabajadores en el campo está llegando a “proporciones de crisis”, por lo que consideró necesario que el Congreso apruebe una reforma migratoria.

“Escucho a los granjeros todo el tiempo, no pueden conseguir trabajadores. Tenemos trabajos de la agricultura que se están mudando a México porque no pueden conseguir trabajadores”, indicó la secretaria del DHS, Janet Napolitano.

“Es algo que ha sido problemático en la industria del campo por mucho tiempo (…) pero estamos verdaderamente llegado a proporciones de crisis”, advirtió la funcionaria ante el Subcomité de Seguridad del Comité de Gastos de la Cámara de Representantes.

Napolitano señaló que el número de visas para trabajadores temporales es “muy bajo” y se requiere una acción legislativa para remediar la falta de empleados en el campo.

Actualmente no existe un techo de visas H2A para trabajos agrícolas y más de 30 mil trabajadores ingresaron a este país en 2011, mientras que en el caso de las visas temporales H2B para empleos no agrícolas hay un tope de 66 mil.

Por otra parte, Napolitano reveló que el DHS buscará revisar antes que finalice el año el rezago de personas cuyos casos de deportación serán analizados para determinar si son elegibles para suspender sus procesos de repatriación.

La administración del presidente Barack Obama puso en marcha un programa piloto en Baltimore y Denver para examinar una primera parte de la lista de 300 mil personas en espera de deportación.

Las personas sin antecedentes criminales o con cónyuges o hijos estadounidenses, podrían beneficiarse de la suspensión de su deportación. Hasta el momento se han emitido unas mil 600 recomendaciones en ese sentido.

El DHS explicó que la meta es reducir el tiempo que pasan en los centros de detención migratoria los inmigrantes que son elegibles a la deportación.

Napolitano compareció ante la cámara baja para exponer la petición presidencial del presupuesto para el año fiscal 2013, que incluye 39.5 mil millones de dólares para prevención contra el terrorismo, seguridad fronteriza, desastres naturales y terrorismo cibernético.

Para mejorar la verificación del estatus migratorio y la elegibilidad laboral, el presupuesto asigna 132 millones de dólares para el “despliegue nacional” del programa “E-Verify Self Check”, que permite a empresas comprobar la condición migratoria de los trabajadores.

El presupuesto incluye además financiamiento para 21 mil 186 agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y para 21 mil 370 agentes de la Patrulla Fronteriza, además del despliegue de tecnología de vigilancia en la frontera suroeste.

En el rubro de seguridad cibernética, detección de explosivos y sistemas de respuesta químicos y biológicos, la petición presidencial contempla 659 millones de dólares para promover programas innovadores y desarrollo de nuevas tecnologías.

Particularmente destina 117 millones de dólares para establecer nuevos sistemas de detección de bombas en aeropuertos del país.

La propuesta presupuestal en materia de seguridad interna representa un descenso de 0.5 por ciento (191 millones de dólares) en relación con el presupuesto final del año fiscal 2012. El proyecto aún debe ser aprobado por el Congreso estadounidense.

Original obtenido de: http://www.animalpolitico.com/2012/02/pide-napolitano-reforma-migratoria-para-aliviar-crisis-en-el-campo-de-eu/

Programa Desafiando fronteras.pdf

El Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de la ONU revisará este martes y miércoles el informe que el gobierno mexicano entregará sobre la situación de indígenas e inmigrantes en el país

El gobierno de México será sometido hoy a revisión ante el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (CERD) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y entre los temas que serán analizados por los expertos están las condiciones que enfrentan los indígenas y migrantes en el país, como parte de la agenda que se desahogará durante dos días en Ginebra, Suiza.

Organizaciones no gubernamentales (ONG), como el Centro Prodh y el Movimiento Migrante Mesoamericano, indicaron que esperan que al final se emitan recomendaciones al Estado mexicano pues consideran que hay rezagos serios en estos sectores en todos los ámbitos, por lo que desde enero pasado enviaron informes previos para que sean considerados por los especialistas de la ONU.

Mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en un comunicado conjunto, indicaron que la delegación presentará los avances en los últimos seis años.

Destacará ante la ONU "el significativo incremento de recursos en el presupuesto federal para la atención a la población indígena de México en un 136% entre 2007 al 2012, que pasó de 2 mil 217 a 5 mil 229 millones de dólares", así como la entrada en vigor de la nueva ley migratoria.

Consultar original completo en: http://www.eluniversal.com.mx/primera/38816.html

Consultar mas sobre el tema en: http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/02/57082.php y

http://www.proceso.com.mx/?p=298179